La pensión de alimentos es una obligación legal y moral de los progenitores hacia sus hijos, asegurando que cubran sus necesidades básicas tras una separación o divorcio. Su determinación es uno de los puntos más delicados y frecuentemente controvertidos en los procesos de ruptura matrimonial o de pareja de hecho.
En VG Abogada, como especialista en derecho de familia, sabemos que la clave reside en la justa ponderación de dos factores esenciales: la capacidad económica del progenitor no custodio y las necesidades reales de los menores. Este equilibrio es el que permite establecer una cuantía que realmente beneficie a los hijos y sea asumible por quien debe abonarla.
Criterios para la fijación de la cuantía
Para establecer el importe de la pensión, los jueces tienen en cuenta una serie de variables que deben ser probadas por las partes:
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Necesidades de los hijos. Se considera su edad (un adolescente no tiene los mismos gastos que un bebé), el lugar de residencia, si tienen alguna enfermedad o discapacidad y, en general, el nivel de vida que disfrutaban antes de la separación.
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Capacidad económica del progenitor no custodio. Se evalúan sus ingresos netos (nóminas, rentas, beneficios de negocios) y sus propios gastos necesarios (hipoteca, alquiler, préstamos). La pensión debe permitirle seguir subsistiendo dignamente.
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Capacidad económica del progenitor custodio. Aunque no abone la pensión, la ley exige que el progenitor con el que conviven los menores también contribuya a su sustento, normalmente con su trabajo y dedicación diaria.
Las tablas orientadoras del CGPJ
Si bien la decisión final recae en el juez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica unas tablas orientadoras que sirven como una guía muy útil para el cálculo. Estas tablas consideran el número de hijos, los ingresos de ambos progenitores y la distribución geográfica, ofreciendo una cifra base.
Resulta fundamental entender que estas tablas son solo eso: orientadoras. El juez puede apartarse de ellas si existen circunstancias excepcionales debidamente justificadas, como la existencia de grandes patrimonios, gastos médicos muy elevados o situaciones de desempleo.
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La determinación de la pensión alimenticia es un proceso complejo que requiere de un análisis detallado y personalizado de la documentación económica de ambas partes y de las necesidades reales de los hijos. Una buena defensa legal puede marcar la diferencia entre una pensión justa y otra que resulte insuficiente o, por el contrario, inasumible.
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